CAMPESINOS AYACUCHANOS ACUSADOS DE TERRORISMO AGRAVADO

FISCAL DE LA TERCERA FISCALÍA SUPRAPROVINCIAL DE LIMA ENTREGÓ ATESTADO EN EL QUE LOS ENCUENTRA CULPABLES DE LA MATANZA DE MACHENTE

La congresista Juana Huancahuari, familiares y abogados de los campesinos ayacuchanos en juzgado antiterrorismo.Los ocho campesinos ayacuchanos detenidos por presuntamente haber participado en la emboscada en la que murieron los cinco policías en Machente han sido acusados por terrorismo agravado por el fiscal de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Lima, Luis Azañedo Cuya.

Luego de esta decisión, la jueza del Cuarto Juzgado Supraprovincial de Lima, Miluska Cano, resolvió devolver el expediente a la fiscalía por encontrar inconsistencia en el atestado presentado.

Según el abogado de los detenidos, Raúl del Castillo, esta decisión podría determinar una ampliación de las investigaciones, el traslado de los acusados a Ayacucho para que allí sean juzgados o que el fiscal Azañedo resuelva las inconsistencias encontradas por la jueza Cano y se continúe con el caso en Lima.

Por su parte, la congresista del Partido Nacionalista Juana Huancahuari, quien ha defendido en todo momento la inocencia de los acusados, ha denunciado la actitud del fiscal, pues según su parecer, "de manera arbitraria y por presiones políticas, ha desestimado las investigaciones de la Dircote".

Además, ha solicitado el pronunciamiento de los ministros de Defensa, Allan Wagner, y del Interior, Pilar Mazzetti, sobre este caso.

"Voy a pedir el apoyo de mi bancada sobre este tema. Es evidente la grave injusticia que se está cometiendo con estos campesinos y vamos a ver la posibilidad de convocar a los ministros de Defensa y el Interior para que nos expliquen con qué fundamentos continúan encarcelados", indicó la congresista nacionalista.

El abogado Raúl del Castillo también anunció que en el transcurso de la mañana presentarían ante el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima un recurso de hábeas corpus, pues se estaría atentado contra los derechos humanos de los campesinos.

"Con este recurso intentamos hacer un llamado también a los organismos defensores de los derechos humanos para que nos sigan apoyando en esta lucha", sostuvo.
Además, el letrado no descartó la posibilidad de presentar una denuncia contra el fiscal Luis Azañedo por abuso de autoridad.

Algunos de los familiares de los detenidos junto a Nicasio Ñaupa, actual teniente alcalde del distrito de Santillana-Huanta-Ayacucho, viajaron a dicha localidad para preparar una movilización pacífica hacia la capital reclamando la puesta en libertad de los ocho campesinos acusados de terrorismo.

En los quince días que llevan detenidos, los campesinos ayacuchanos solo han recibido la visita de sus familiares una sola vez.

El director de la Asociación Pro Derecho Humanos (Aprodeh), Francisco Soberón, indicó que la detención arbitraria de los ocho campesinos ayacuchanos corresponde a un acto irresponsable del gobierno, por lo que "lo mínimo que deben esperar los agraviados es la disculpa pública de las autoridades, así como una reparación inmediata ante este hecho lamentable".

"Creo que en adelante el gobierno debe actuar con mayor cautela antes de adelantar conclusiones frente a investigaciones que recién se inician y exigir mayor prolijidad a la Policía al realizar sus averiguaciones", manifestó Soberón.

MONTOS Y PLAZOS DEL POLÉMICO FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato de 41 presos terroristas en mayo de 1992 dentro del penal Castro Castro, tiene 191 páginas.

En las cuatro finales están consignadas todas las obligaciones que deberá asumir el Estado, para compensar a los deudos. La CIDH ha fijado en 60 mil dólares la indemnización que deben recibir los familiares de los 41 senderistas muertos (50 mil por la muerte de sus familiares y otros 10 mil como compensación personal). También se deberá cancelar 25 mil dólares a cada uno de los presos que sobrevivieron a la matanza pero que quedaron incapacitados de por vida.

Mientras tanto, los presos que quedaron incapacitados parcialmente recibirán 12 mil dólares, y los reclusos que sufrieron heridas que no significaron algún tipo de incapacidad serían compensados con ocho mil dólares. Por otro lado, las seis víctimas de violencia sexual obtendrían diez mil dólares. También se compensaría a los abogados de los senderistas con un pago razonable.

El Estado tiene 18 meses para cumplir con los casos que implican una reparación monetaria. En un año se debería realizar un acto público de disculpas.

Presidente Garcia: "Pediremos a la CIDH precisiones en su sentencia"

Para el gobierno, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena reparar a deudos de terroristas ejecutados en un motín en el penal Castro Castro, en 1992, es "desacertado", y abre el camino para pedir mayores precisiones al organismo de justicia internacional. "Resulta indignante que un tribunal llegue a una conclusión que lastima al Perú, que fue víctima de la insania de esta secta terrorista", dijo el presidente Alan García con el documento de 300 páginas en las manos.

A pocos días de conocido el fallo, el mandatario hizo notar los excesos cometidos y aseguró que no participará en los homenajes sugeridos por la CIDH a los subversivos ultimados. "Son alcances extraños de una resolución penal porque plantea una suerte de trabajo forzado al Estado", dijo sobre algunas obligaciones como erigir monumentos. Aseguró que el pueblo del Perú "de ninguna manera le rinde homenaje ni disculpas a gente que desencadenó la peor carnicería de la historia de nuestra patria".

El presidente se comprometió a realizar acciones inmediatas y anunció que se pedirá a la corte "mayores precisiones y detalles de la sentencia". "Respetando el orden jurídico internacional hay caminos no utilizados para que el Perú defienda su dignidad y patrimonio. Con este fallo no acaba el tema", sostuvo.

El mandatario dejó en claro que quienes originaron la mayor cantidad de muertes en dos décadas de violencia fueron los terroristas dirigidos por Abimael Guzmán."La secta Sendero Luminoso le debe al Perú muchos miles de millones de dólares. ¿Cómo se compara esto con las indemnizaciones que el pueblo debe pagar según esta sentencia?", dijo. A continuación, anunció que el ministerio de Justicia ejecutará un proceso civil al grupo terrorista, sus mandos, integrantes y cómplices, por una suma que podría alcanzar los cinco mil millones de dólares.Afirmó que esta cantidad se justifica debido a los daños y perjuicios al país durante veinte años de accionar subversivo."Así como ellos se abren espacios internacionales, nosotros también podemos reclamarles cuánto le deben al Perú. Finalmente, veremos quién termina debiendo a quién", concluyó.

En Palacio, el presidente también justificó la intervención a personas que planeaban atentados el fin de año, aunque al mediodía estos ya estaban liberados. "Lo mejor es investigar a tiempo y neutralizar para evitar que se desarrolle lo que siempre nos toma desprevenidos. Estamos acostumbrados a que primero lancen una bomba y luego indagar", dijo. El mandatario también rechazó cualquier condición exigida por el Sutep para la evaluación programada a los maestros.“No se puede poner condiciones. ¿Cómo es posible hacer una evaluación anónima?”, preguntó, y opinó que debe corregirse el otorgamiento de licencias a dirigentes del gremio magisterial.

El mandatario también insistió en establecer la pena de muerte para terroristas y violadores de niños, ambos proyectos pendientes de discusión en el Congreso. "La pena de muerte es disuasiva", reiteró.Metas. Dijo que el 2007 el gobierno mantendrá la austeridad e impulsará la reforma integral de la educación y el acceso universal a la salud.

Frente a denuncias de Perú Posible referidas a que desde Palacio de Gobierno se digitan denuncias contra el ex presidente Toledo, García aseguró que eso es "absolutamente falso", y calificó de exceso decir que hay una fábrica de denuncias. Señaló que los archivos de gastos realizados por el gobierno anterior en Palacio arrojan la cifra excesiva de 340 millones de soles.

“Mostrar eso no es fabricar. Fabricar es hacer firmas falsas, cambiar papeles, pero aquí no se fabrica nada y simplemente no encubriremos nada, esto es transparente”, dijo.Repitió que al señalar estos excesos su gobierno no promueve persecución penal ni política contra Toledo ni busca influir en el Poder Judicial: “Si una jueza decide convocar a una ex autoridad , es libre de hacerlo y nosotros no vamos a influir ni a favor ni en contra”.

TELEFÓNICA REDUCIRÁ RENTA BÁSICA

El Presidente de la República, Alan García, dio a conocer los puntos más importantes del acuerdo final entre el Gobierno y Telefónica del Perú, entre ellos, la reducción de la renta básica y del costo de los distintos planes tarifarios.

La renta básica disminuirá de 56 a 39 soles para los usuarios afiliados al plan telefónico denominado “línea clásica residencial”. Para estas 250 mil familias, el ahorro anual será de 192 soles anuales.

Para las 200 mil familias afiliadas al sistema “fonofácil”, el ahorro será de 120 soles anuales, pues se reducirán sus tarifas en diez soles mensuales. Mientras que las 386 mil familias que usan el “control súper económico”, obtendrán un ahorro de 84 soles anuales.

En cuanto a los teléfonos públicos, el Presidente indicó que los usuarios percibirán un aumento del 150% en sus llamadas. “Es decir”, dijo, “por un sol, el usuario que ahora habla 4 minutos, a partir de enero podrá comunicarse 10 minutos”.

Asimismo, se acordó que Telefónica establezca la oferta de 3 planes medidos al segundo. Los usuarios podrán migrar de los planes a minutos a los planes a segundo con total libertad.

Sobre las tarjetas post-pago y pre-pago, el Presidente remarcó que sus saldos se acumularán y aumentará su tiempo de vigencia, de 27 a 30 días. Todas estas disposiciones, indicó García, “significan una reducción en el cobro en general de las tarifas de más de 170 millones de dólares”.

El acuerdo contempla también varios proyectos de inversión de parte de la empresa de comunicaciones, que suman un total de mil millones de dólares que permitirán el despliegue de 680 mil nuevas líneas telefónicas en nuestro país para los próximos 4 años.

García señaló que el acuerdo obtenido cumple un objetivo trazado desde que se empezó a renegociar el contrato con la empresa internacional: mantener el lineamiento jurídico al negociar respetando los contratos firmados previamente con la empresa de telefonía.

El Presidente realizó este anuncio en conferencia de prensa, junto a la Ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, el presidente de Telefónica del Perú, Javier Manzanares y el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo.

Por su parte, la ministra Zavala indicó que con estos convenios, el mapa de la telefonía en el Perú sufrirá un “cambio radical”, al finalizar el gobierno aprista en el 2011.

Precisó que las 685 mil nuevas líneas proyectadas por telefónica se concentrarán “principalmente en las zonas peri urbanas de Lima, así como en provincias”. De estas nuevas conexiones, 5 mil serán ofrecidas de manera “solidaria”, al precio de 19 soles.

En el campo de la innovación tecnológica, Zavala destacó el plan de inversión de Telefónica que contempla 150 millones de dólares en banda ancha de Internet, para lograr 1 millón de nuevas conexiones “que pondrán al Perú a la cabeza de Sudamérica”.

Mientras que el presidente del grupo Telefónica del Perú, Javier Manzanares, señaló que los nuevos planes tarifarios se irán materializando en las próximas semanas, a medida que se implementen los sistemas necesarios. Agregó que estarán listos antes de marzo del 2007.

NARCOTRÁFICO ASESINA A CINCO POLICÍAS Y TRES CIVILES EN AYACUCHO

De izq. a der. y de arrib. a abj: PNP Freddy Ayala G., PNP Walter Tamo, E.PNP Miguel Saraza Ch. PNP Néstor Benavides C., PNP Jennier Pérez C., Félix Huanaco Yulgo, David Ayme Cáceres.

Cinco policías, dos empleados de la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) y un joven murieron en una emboscada cuando realizaban una visita de inspección en la provincia de La Mar, Ayacu-cho. La patrulla se había desplazado a la zona de San Francisco en busca de sembríos ilegales de hojas de coca.El ataque se registró al promediar las 10.20 de la mañana en la carretera Tambo-Río Apurímac, a unos 130 kilómetros al noreste de Huamanga.Según información oficial, los agentes del orden fueron sorprendidos por narcotraficantes fuertemente armados.Policías antidrogas

A consecuencia del ataque murieron los suboficiales Freddy Ayala Gutiérrez, Walter Tamo Espinoza, Miguel Saraza Chino, Néstor Benavides Carrión y Jennier Pérez Cancho. Este último falleció en el hospital de Huamanga. Los médicos aseguraron que tenía impactos de bala en brazos, piernas y cabeza.Los agentes fallecidos pertenecían al Grupo Operativo Antidrogas (GOA) del Puesto de Control de Machente, y se desplazaban en el patrullero PIV-788, perteneciente a ese destacamento.Los dos civiles que perecieron en la emboscada son: Félix Huanaco Yulgo (35) y David Ayme Cáceres, de 28 años. El joven aún no fue identificado.

Los narcos que esperaban a los policías estaban divididos en tres grupos, según las evidencias encontradas.Una fuente policial de San Francisco informó que la emboscada ocurrió en una zona montañosa y que los delincuentes vinculados al narcotráfico lanzaron primero granadas de guerra y luego dispararon ráfagas de fusil y ametralladora al paso de la patrulla. "Los cuerpos están destrozados", añadió la fuente.Luego del ataque, los narcos se apoderaron del armamento de las víctimas y huyeron con dirección a Sivia, poblado que se encuentra en plena ceja de selva."Allí están sus muertos"Comuneros de Machente dijeron a las primeras patrullas de apoyo que llegaron al lugar que los criminales huyeron hacia Sivia y Llochegua por una zona conocida como Conaico, donde reunieron a algunos pobladores y les dijeron que informaran de lo ocurrido a las autoridades.


"Allí están sus muertos. Díganles (a las autoridades) que, si quieren, que nos sigan", les dijo el cabecilla. De acuerdo al testimonio de los comuneros, el grupo narco estaba integrado por unos 20 individuos. Tenían los rostros cubiertos y llevaban fusiles de largo alcance y de alto poder destructivo (AKM y Galil). La República se contactó anoche con un oficial de la comisaría de San Francisco, adonde fueron llevados los cadáveres por disposición de un representante del Ministerio Público.El efectivo policial, que por razones de seguridad prefirió no identifi-carse, dijo que el ataque fue muy similar a uno ocurrido el año pasado en la zona de Palmapampa, donde murieron otros 5 efectivos. También explicó que esta zona de San Francisco es utilizada generalmente para el cultivo de la hoja de coca, y que el ataque de ayer habría sido producido por los narcos en respuesta a los esfuerzos recientes del gobierno por erradicar los cultivos cocaleros en esta región.


Operativos conjuntosEl comando de la Policía informó por su parte que, luego de la emboscada, una patrulla mixta del Ejército y la Dirección Nacional de Operaciones Especiales partió de sus cuarteles, en Ayacucho, hacia el lugar donde se produjo el atentado.Por los rastros encontrados se confirmó que los atacantes huyeron rumbo a la localidad de Sivia, hasta donde se les ha seguido.Se trataría de rezagos senderistas que brindan protección a los narcotraficantes a cambio de dinero y armas.De 'Clay' a 'Artemio'Las fuerzas del orden se encuentran en plena búsqueda de los remanentes que operan al servicio de 'Artemio'.En febrero pasado fue abatido el cabecilla, Héctor Aponte “Clay”.La caída de este criminal, ocurrida en un sangriento enfrentamiento con policías en el caserío Alto Pacae, provincia de Leoncio Prado, fue definida por los expertos como uno de los más duros golpes sufridos en los últimos años por el grupo terrorista, ahora vinculado más a las mafias narcotraficantes.

Según una norma publicada en el diario El Peruano, por 60 días más continuará el estado de emergencia en las provincias de Marañón, Huacaybamba, Leoncio Prado y Huamalíes de la Región Huánuco, así como en Tocache, San Martín y Padre Abad, en Ucayali. Esta medida se dictó antes de producirse el atentado en Ayacucho y, casualmente, cobra mayor vigencia hoy.

En tanto, quedarán suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en cada una de las zonas mencionadas.Como se recuerda, otras zonas en estado de emergencia son el distrito de Chiclayo, en Lambayeque, y la región Huancavelica. En ambos casos las medidas no tienen que ver con la amenaza narcoterrorista, sino por pugnas partidarias por alcanzar los gobiernos locales.

CINCO POLICIAS Y TRES CIVILES MUERTOS TRAS EMBOSCADA EN AYACUCHO

Cinco policías, dos empleados de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), y un joven no identificado murieron en la provincia de La Mar - Ayacucho a consecuencia de una emboscada perpetrada por un grupo de presuntos narcoterroristas.

La emboscada ocurrida el sábado 17 de diciembre a la altura del kilómetro130 de la carretera Tambo-Río Apurímac, tuvo lugar cuando las víctimas hacían una visita de inspección en La Mar, cuando el grupo se encontraba en la zona de San Francisco en busca de sembríos ilegales de coca.
Informan los medios locales que fuentes de la Policía Nacional indicaron que los responsables del atentado, quienes se encontraban fuertemente armados, se llevaron el armamento de los efectivos policiales que asesinaron.

Los policías que perdieron la vida en este ataque fueron identificadas comos el suboficial de segunda, Félix Ayala Gutiérrez; los suboficiales de tercera, Elmer Pérez Cancho, Walter Tano Espinoza, Néstor Benavides Carrión y Miguel Zaraza.

En tanto, los trabajadores de ENACO muertos son Félix Huanaco Yulgo y David Ayme Cáceres. Hasta el momento no se ha identificado al joven que también fue asesinado, aunque se sabe que sufría de retardo mental.

Fuentes policiales informaron que el ataque ocurrió en una zona montañosa, a unos 130 kilómetros al noreste de Huamanga al promediar las 10:20 de la mañana, cuando los malhechores les lanzaron primero granadas de guerra y luego dispararon ráfagas de fusil y ametralladora.

Por los rastros encontrados, se presume que los responsables de la emboscada habrían huido a la localidad de Sivia. Además se supone que serían rezagos senderistas que dan protección a los narcotraficantes a cambio de dinero y armas.

mañana, el Jefe de la Novena Región Territorial de la Policía en Ayacucho, Miguel Hidalgo, informó que personal del Ejército y la PNP ya están realizando los operativos para capturar a los responsables de este atentado. “Estamos realizando patrullajes con el Ejército y la Policía y esperamos tener resultados en la captura de estas personas”, refirió tras señalar que confía en que la implementación del plan integral de desarrollo y seguridad en las zonas del valle del río Apurímac y Ene (VRAE), permita la pacificación del lugar.

A su vez, la Presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, informó que la Comisión de Defensa y Orden Interno citará a la ministra del Interior, Pilar Mazetti, para que de un un informe detallado respecto a la emboscada.
En RPP Noticias, Cabanillas manifestó que si una patrulla va a una misión de alto riesgo, como la que emprendieron ayer los policías y los empleados de ENACO, se debe tomar todas las previsiones del caso.

Por ello, sostuvo que es importante que Mazzetti acuda al Parlamento, pues debe explicar si hubo o no la previsión necesaria o si se realizó un trabajo de inteligencia para la realización de este tipo de operativos en zonas donde aún existen remanentes terroristas.

MANIFESTANTES CELEBRARON NO PAGAR DEUDA AL ESTADO

Solo han pasado seis días desde que se conociera una encuesta de la Universidad de Lima dando cuenta del descenso en la aprobación de diversos apristas en el poder, incluido el presidente Alan García, por lo que este último parece haber desenterrado su verbo populista de hace unos años.

"Tal vez nunca como hasta ahora en estos cuatro meses siento una vibración popular especial cuando nuestros hermanos y compañeros, los trabajadores y los pobres del Perú están aquí presentes en este Consejo de Ministros", dijo ayer un emocionado García a los dirigentes de los prestatarios del Banco de Materiales que recibió en Palacio. Ellos consiguieron que el Gobierno les condone una deuda de S/. 70 millones.

"Nuestro compromiso es trabajar por los pobres del Perú, el desarrollo con igualdad y con justicia y un pequeño tema era este de los prestatarios", agregó.

El 'pequeño tema' al que se refería, y que implica que el Estado dejará de cobrar 70 millones de soles en créditos, se concretó el martes de la semana pasada con la publicación de un decreto supremo en "El Peruano".

Ayer, parte de los 27.468 beneficiados llegaron al Centro de Lima en una marcha de agradecimiento al presidente.

Eso trajo como consecuencia que la policía bloqueara los accesos a la Plaza de Armas, por lo que cientos de transeúntes se vieron perjudicados. Y no solo ellos, sino también los establecimientos comerciales.

Pero eso parecía no preocuparle al mandatario, quien no solo recibió a los dirigentes de la marcha en Palacio, sino que además se trasladó hasta el frontis del Congreso para saludar a los cientos de manifestantes, quienes también congestionaron el tránsito en la avenida Abancay.

Pero antes de ir a saludarlos el presidente aprovechó las cámaras de televisión que ingresaron al Consejo de Ministros para recordar otras gestiones de su Gobierno a favor de los pobres, como el programa Agua para Todos, la reducción de la renta básica, la titulación de los predios en asentamientos humanos y la reducción de los costos de transportes para "tantos compañeros y amigos trabajadores que viven en el cono sur, que no tienen un medio seguro limpio de transporte y que a través del tren eléctrico podría abaratarse la tarifa".

Eso no fue todo. El mandatario introdujo también un tema más como posibilidad de ayuda a los más pobres: "Hay otros aportantes como los del Fonavi, que reclaman a su favor la cancelación de deudas. Todo esto puede y debe hacerse porque el objetivo central es reducir los costos que paga el pobre del Perú".

Preocupación por medida dictada4 ex ministro de Vivienda Carlos Bruce recordó que su política fue de no condonación.4 " De 5 millones de recuperación mensual de créditos logramos 15. Eso permitió programas como Mi Barrio", señaló.4 "Hay gente en extrema pobreza que no puede pagar. Les dimos facilidades. Pero ahora se condona a una buena cantidad de personas", agregó Bruce.