El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato de 41 presos terroristas en mayo de 1992 dentro del penal Castro Castro, tiene 191 páginas.
En las cuatro finales están consignadas todas las obligaciones que deberá asumir el Estado, para compensar a los deudos. La CIDH ha fijado en 60 mil dólares la indemnización que deben recibir los familiares de los 41 senderistas muertos (50 mil por la muerte de sus familiares y otros 10 mil como compensación personal). También se deberá cancelar 25 mil dólares a cada uno de los presos que sobrevivieron a la matanza pero que quedaron incapacitados de por vida.
Mientras tanto, los presos que quedaron incapacitados parcialmente recibirán 12 mil dólares, y los reclusos que sufrieron heridas que no significaron algún tipo de incapacidad serían compensados con ocho mil dólares. Por otro lado, las seis víctimas de violencia sexual obtendrían diez mil dólares. También se compensaría a los abogados de los senderistas con un pago razonable.
El Estado tiene 18 meses para cumplir con los casos que implican una reparación monetaria. En un año se debería realizar un acto público de disculpas.
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